El gobierno de Argentina ha ordenado una intervención administrativa de 12 meses en el Puerto de Ushuaia, señalando irregularidades financieras y deficiencias significativas en la infraestructura portuaria. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación ha suspendido la licencia de operación del Puerto de Ushuaia debido a irregularidades identificadas en la gestión de fondos y ha ordenado una intervención administrativa en la terminal, según informó el gobierno. Posteriormente, lo puso bajo tutela. La intervención suscitó una resistencia significativa por parte del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien calificó las reclamaciones como infundadas. “No hay justificación objetiva para una decisión de esta magnitud,” declaró el gobernador peronista. La ANPyN ha instado formalmente al gobierno provincial a rectificar diversas irregularidades, que abarcan la supuesta mala asignación de fondos y los peligros operativos y de seguridad asociados con la inversión insuficiente en infraestructura.
“La decisión se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas a las inspecciones realizadas, las quejas de despojo de activos planteadas por los trabajadores y las preocupaciones expresadas por los representantes de las empresas navieras que operan en el puerto,” declaró la agencia. La resolución, ejecutada por Iñaki Arreseygor, estipula que el puerto será puesto bajo tutela por un período de un año. La publicación se realizó el jueves en el Boletín Oficial. La acción fue iniciada en respuesta a una denuncia que impugnaba la Ley Provincial N° 1596, que estableció un fondo para hacer frente a las deudas de la obra social estatal OSEF, utilizando el superávit financiero generado por el Puerto de Ushuaia. La denuncia fue presentada por Juan Avellaneda, el secretario general del sindicato de personal ferroviario superior, quien ha sido designado para gestionar las operaciones del puerto bajo la supervisión de los directores y altos funcionarios de ANPyN, según informó Noticias Argentinas.
ANPyN informó que las inspecciones revelaron numerosas fallas y deficiencias en la infraestructura, junto con importantes carencias en la gestión administrativa y financiera, así como en las condiciones fundamentales de seguridad operativa. Indicó que estos asuntos fueron comunicados oficialmente a las autoridades provinciales, acompañados de una solicitud para el establecimiento de un registro transparente que detalle los ingresos, gastos y actividades de contratación. El informe indicó que la función había sido delegada a una empresa cuyas actividades comerciales registradas no pertenecían a los servicios portuarios. ANPyN informa que el 33 por ciento del presupuesto del puerto ha sido destinado a subsidiar las cuentas del gobierno provincial, lo cual contraviene las regulaciones que exigen que los ingresos portuarios se reinviertan únicamente en la infraestructura y operaciones portuarias. En consecuencia, solo el 1.3 por ciento del presupuesto fue destinado a iniciativas y servicios enfocados en mejorar la calidad operativa. La Prefectura Naval de Argentina brindará asistencia en la intervención destinada a mejorar las condiciones de seguridad y apoyar las tareas operativas en el puerto, según declaró la agencia. El Puerto de Ushuaia es considerado un activo estratégico, debido a su proximidad a la Antártida y su designación como uno de los principales puertos de cruceros del país. Aunque no pueda presumir del mayor volumen comercial, su importancia en términos de conectividad internacional y turismo lo convierte en un punto sensible tanto desde una perspectiva operativa como política.
El domingo, tres días después de la intervención, un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos llegó al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas en Ushuaia. La aeronave, un Boeing C-40 Clipper operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estuvo estacionada en Buenos Aires durante dos días antes de su partida hacia la capital de Tierra del Fuego. Ningún funcionario de Argentina ni de Estados Unidos ofreció aclaraciones sobre el vuelo ni sobre las identidades de los ocupantes a bordo, incluidos la tripulación y los pasajeros. La aeronave se utiliza generalmente para visitas oficiales de altos funcionarios civiles o militares.
