El Congreso de Argentina concluyó el año 2025 caracterizado por el conflicto y un estado de parálisis administrativa. El año presenció la aprobación de apenas 11 leyes durante las sesiones ordinarias y dos en sesiones extraordinarias, lo que representa la menor productividad legislativa observada en la última década. La situación ilustra un panorama de significativa polarización, caracterizado por un gobierno minoritario y una oposición capaz de imponer su propia agenda de emergencia. El informe de fin de año destaca una observación notable: entre las limitadas normas que surgieron, ninguna se originó en proyectos de ley inicialmente propuestos por el gobierno durante las sesiones ordinarias, específicamente entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.
Entre las 11 leyes que recibieron aprobación, ocho se originaron de iniciativas de la oposición, incluyendo el proyecto de ley de Financiamiento Universitario, los aumentos de pensiones y la llamada ‘Ley Nicolás’ destinada a abordar la mala praxis médica. Las tres leyes restantes se referían a acuerdos internacionales heredados de la administración anterior. En las sesiones extraordinarias celebradas el 26 de diciembre, el gobierno logró avanzar con éxito solo dos aprobaciones: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El presidente Javier Milei ha ejercido su poder de veto en siete ocasiones distintas. No obstante, en una demostración de independencia legislativa, el Congreso logró anular con éxito tres de los vetos presidenciales, manteniendo así esas leyes a pesar del descontento del individuo que lidera la Casa Rosada.
La oposición empleó un raro mecanismo procesal para obligar a la discusión: remitir la legislación al comité. Históricamente, el pico anual era de tres; sin embargo, en 2025, esta cifra se registró 20 veces, obligando al gobierno de Milei a participar en discusiones sobre asuntos que preferiría evitar. En un cambio notable, el Congreso ha afirmado inequívocamente su autoridad sobre el gobierno, rechazando cuatro decretos que surgieron de prerrogativas delegadas, junto con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), restringiendo así la latitud operativa del Presidente. El informe indicó que de las 22 sesiones realizadas, el 50% fueron sesiones especiales, destacando la ausencia de consenso necesario para formular una agenda parlamentaria unificada.
A la luz de las debilidades numéricas prevalecientes, el gobierno expresa confianza en el nuevo Congreso constituido tras las elecciones de octubre, que ya ha facilitado la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre. Con sus filas recién reforzadas en el Congreso, Milei está apostando por cambiar la dinámica de “defensa” a “ataque,” lo que podría permitir al gobierno recuperar la iniciativa legislativa en 2026.
