El Congreso de Argentina ratificó el viernes el paquete de reforma laboral del presidente Javier Milei, tras semanas de protestas a menudo tumultuosas y tensas negociaciones, asegurando así una reforma clave que relaja las regulaciones sobre los derechos de los trabajadores. El proyecto de ley de Modernización Laboral de Milei permite jornadas laborales de hasta 12 horas, disminuye la indemnización por despido, restringe el derecho de huelga y reduce los impuestos a los empleadores, entre otras estipulaciones. El Senado aprobó la legislación con una sólida mayoría: 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. La cámara baja otorgó la aprobación hace una semana.
Patricia Bullrich, líder del bloque La Libertad Avanza, quien fue fundamental en las negociaciones para lograr consenso con sectores dialoguistas, expresó su alegría al anunciar los resultados. Esta reforma transmite señales inequívocas. Argentina busca retomar su trayectoria de crecimiento. “No hemos experimentado crecimiento en 15 años, un período supervisado en gran medida por quienes están en el lado opuesto”, afirmó. Los derechos de los trabajadores no deben limitarse a una casta o grupo específico. Hoy en día, los trabajadores buscan una mayor autonomía en sus compromisos profesionales”, concluyó.
Mientras los senadores emitían sus votos, las manifestaciones contra la reforma persistían fuera del edificio del Congreso Nacional. Las reformas han sido calificadas de “regresivas e inconstitucionales” por la principal central obrera de Argentina, la CGT. Proponen disminuir la indemnización por despido, extender potencialmente la jornada laboral a 12 horas y restringir el derecho de huelga, entre otras disposiciones. La administración de Milei afirma que la reforma contribuirá a una disminución del desempleo informal y facilitará la creación de empleo aliviando la carga fiscal sobre los empleadores. José Mayans afirmó que las reformas “afectarían gravemente a los trabajadores, jubilados y pensionistas argentinos”.
El senador de Formosa criticó el manejo expedito de la legislación que afecta a 20 millones de personas, prediciendo que inevitablemente resultará en disputas legales. “Nació mal y terminará mal”, afirmó, señalando además que “es un proyecto de ley que se redactó sin consulta, por bufetes de abogados que representan a empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.
