La mayor federación sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo, inició el lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral estrella del presidente Javier Milei, apenas tres días después de su aprobación. La Ley de Modernización Laboral de Milei permite jornadas laborales de hasta 12 horas, disminuye las indemnizaciones por despido, restringe el derecho de huelga y reduce los impuestos a los empleadores, entre otras estipulaciones. La aprobación del viernes pasado representó un triunfo significativo para el presidente de La Libertad Avanza, ya que busca mejorar las oportunidades de empleo flexibilizando lo que caracteriza como la obsoleta regulación laboral de Argentina. Los críticos argumentan que la legislación socava los derechos laborales establecidos.
La Asociación Gremial de Abogacía del Estado ha impugnado la constitucionalidad de la ley, afirmando que “perjudica a los trabajadores”, según señaló en redes sociales el subsecretario del gremio, Roberto Álvarez. La CGT, tras haber iniciado una huelga general a principios de este mes que paralizó efectivamente Argentina, ha declarado ahora su intención de emprender acciones legales. El término ‘modernización’ es un nombre inapropiado que socava significativamente tanto los derechos colectivos como los individuales, contraviniendo explícitamente los principios constitucionales”, declaró la CGT en un comunicado tras presentar una demanda de inconstitucionalidad al tribunal.
La agrupación sindical paraguas sostiene que la próxima ley, que aún no se ha promulgado, infringe “el principio de progresividad (o no regresión), que impide la adopción de medidas injustificadas que representen un retroceso en los derechos laborales adquiridos”. El lunes, la CGT coordinó manifestaciones en múltiples ciudades, afirmando que restablecer prácticas laborales que recuerdan la “servidumbre o la esclavitud” no conduciría a la creación de empleo.
Milei argumentó que las regulaciones laborales de Argentina obstaculizaban el empleo formal debido a sus excesivas restricciones. Más del 43 por ciento de la fuerza laboral en el país no posee contratos de trabajo formales. Encuestas recientes indican una división entre los argentinos con respecto a la reforma, con un 48.6 por ciento expresando apoyo y un 45.2 por ciento oponiéndose.
