El lunes, la principal federación sindical de Argentina anunció una huelga general de 24 horas programada para el jueves 19 de febrero, con el objetivo de oponerse al proyecto de reforma laboral impulsado por la administración del presidente Javier Milei. La huelga está programada para coincidir con las discusiones en torno al polémico paquete legislativo en la Cámara de Diputados, según fuentes sindicales. La legislación ha recibido la aprobación del Senado, y los líderes sindicales anticipan que un cierre completo del transporte intensificará la presión sobre los legisladores. Se prevé que la medida cause interrupciones significativas en todo el país, afectando particularmente al Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo la capital y sus suburbios adyacentes, donde millones dependen del transporte público diariamente. Líderes de la Confederación General del Trabajo, el sindicato paraguas preeminente del país, afirmaron la huelga tras una reunión de su consejo ejecutivo. Esta es la cuarta huelga general que se produce desde que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023. “Como siempre, cada sindicato tendrá libertad de acción”, declaró una fuente, aunque la confederación instó a la “adhesión total al paro”. A diferencia de manifestaciones anteriores, se espera que los líderes de la CGT renuncien a organizar una concentración central.
Los sindicatos de transporte se han comprometido a una suspensión casi total de los servicios de pasajeros. Los trenes de cercanías metropolitanos permanecerán fuera de servicio durante todo el día como resultado de la participación de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, organizaciones que representan a los trabajadores ferroviarios y conductores. La interrupción afectará a todas las líneas principales de AMBA: Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza. Los servicios subterráneos de Subte y Premetro en Buenos Aires serán suspendidos, tras la confirmación de la participación de los sindicatos que representan a la fuerza laboral del subterráneo. Los servicios de autobús se enfrentarán a reducciones significativas tras el anuncio de la Unión Tranviarios Automotor sobre su participación en la huelga. Como resultado, se espera que la mayoría de las rutas urbanas y suburbanas dejen de operar o funcionen a una capacidad mínima. “Garantizamos que todos los medios de transporte de pasajeros quedarán totalmente paralizados”, declaró la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte en un anuncio en redes sociales. Los servicios de transporte se suspenderán el día en que los legisladores debatan la reforma laboral. El apoyo se ha visto reforzado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Se espera que los viajes aéreos enfrenten interrupciones significativas, con cancelaciones y retrasos pronosticados en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, atribuidos a la participación de sindicatos de aviación, pilotos y personal de tierra. Se prevé que los servicios de taxi y coches privados funcionen a capacidad reducida tras el respaldo de las federaciones del sector a la huelga, lo que podría exacerbar los problemas existentes. La amplia participación de los sindicatos del transporte significa una notable intensificación en contraste con la anterior huelga general de Argentina, aproximadamente 10 meses antes, durante la cual los sindicatos de autobuses y trenes no participaron completamente en el cese de actividades, lo que limitó su efectividad.
La CGT ha emitido una fuerte condena al proyecto de reforma de Milei, argumentando que disminuye las indemnizaciones por despido, permite el pago en especie (bienes o servicios), potencialmente alarga la jornada laboral a 12 horas y limita el derecho de huelga. Los líderes sindicales indican que las tensiones se han intensificado tras la adición de un artículo polémico que altera las disposiciones sobre licencias por enfermedad, lo que, según afirman, permitiría una reducción de la mitad de los salarios durante las ausencias relacionadas con la enfermedad. Desde que Milei asumió el cargo a finales de 2023, se han eliminado aproximadamente 300.000 puestos de trabajo y 21.000 empresas han cesado sus operaciones, según datos del sector manufacturero. Los líderes sindicales atribuyen la disminución de la producción industrial y la caída significativa del consumo a las acciones del gobierno. Según los líderes de la CGT, las modificaciones al proyecto de reforma laboral de Milei se caracterizan como “regresivas” e “inconstitucionales”. Su compromiso de impugnar la reforma en los tribunales, en caso de ser promulgada, se basa en la afirmación de que infringe las protecciones laborales constitucionales. La administración de Milei argumenta que las reformas propuestas mitigarán el empleo informal, que actualmente supera el 40 por ciento de la fuerza laboral, y promoverán la creación de empleo aliviando las obligaciones fiscales de los empleadores.
La senadora Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo en la Cámara Alta, se reunió con Milei el lunes en la residencia presidencial de Olivos para alinear estrategias en previsión del próximo debate en la Cámara Baja. Bullrich ha mantenido que el texto aprobado por el Senado permanecerá sin cambios; sin embargo, el domingo concedió que el gobierno está abierto a modificaciones regulatorias destinadas a flexibilizar la disposición sobre licencias por enfermedad. El gobierno busca eludir las enmiendas que requerirían una segunda votación en el Senado, posponiendo así la aprobación del proyecto de ley. Milei busca asegurar la aprobación de la reforma antes de su discurso sobre el estado de la nación el 1 de marzo, que marca el inicio de las sesiones parlamentarias ordinarias. El Senado aprobó el proyecto de ley la semana pasada con un recuento de votos de 42 a favor y 30 en contra, coincidiendo con importantes protestas que se desarrollaban fuera del edificio del Congreso Nacional en Buenos Aires. Sindicatos, partidos de oposición y organizaciones sociales participaron en la manifestación predominantemente pacífica, que posteriormente se convirtió en violencia cuando los manifestantes se enfrentaron a la policía antidisturbios. Más de 30 individuos han sido aprehendidos, y el gobierno ahora está presentando cargos de terrorismo contra algunos de ellos.
