El martes, el gobierno federal de Argentina inició un sistema para cobrar a los extranjeros no residentes por servicios médicos no urgentes en hospitales públicos nacionales. Esta medida está de acuerdo con un decreto emitido por el presidente Javier Milei en 2025, que modificó la Ley de Migración del país. La medida fue formalizada a través de la Resolución 1066/2026, firmada por el Ministro de Salud Mario Lugones y publicada en el Boletín Oficial. El gobierno declaró que su objetivo era reducir costos y abordar lo que denomina “turismo médico.” La resolución está dirigida específicamente a los hospitales y otros establecimientos de salud gestionados por el gobierno nacional, en lugar de abarcar todos los hospitales públicos a nivel nacional. El portavoz presidencial de Milei, Adrián Ravier, declaró que la medida no afectaría la atención de emergencias que salvan vidas, la cual “no debe ser retrasada.” El Ministerio de Salud luego señaló en un comunicado que “los paros cardíacos, infartos, accidentes cerebrovasculares, traumas severos, hemorragias masivas, quemaduras extensas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales” seguirían siendo gratuitas.
Los extranjeros que no puedan demostrar residencia permanente deben proporcionar un seguro de salud válido que cubra el tratamiento o pagar la tarifa correspondiente antes de recibir atención. Los pacientes que posean un seguro de salud válido tendrán el costo del tratamiento cargado a su aseguradora, mientras que aquellos que no cuenten con cobertura recibirán una factura antes de recibir atención no urgente. Los extranjeros con residencia permanente mantendrán acceso al sistema de salud pública nacional en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos. Los cambios parecen estar limitados por la realidad de que el sistema de salud de Argentina es administrado predominantemente por las provincias individuales, con la excepción de ciertos hospitales regionales supervisados a nivel federal. En un sistema federal, el ejecutivo nacional está limitado a tomar decisiones sobre los hospitales que caen bajo su jurisdicción, mientras que las provincias mantienen la autoridad para establecer sus propias regulaciones. Varias provincias adyacentes a naciones extranjeras, como Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza, han comenzado a imponer tarifas a los extranjeros no residentes por servicios de salud específicos.
Milei, un “anarcocapitalista” autodeclarado, ha sostenido consistentemente que el estado argentino, con limitaciones financieras, no debería extender su generosidad – incluyendo la atención médica gratuita – a los extranjeros que no pagan impuestos. Ravier caracterizó la política como una terminación de lo que él denominó uno de los “mayores flagelos” para los contribuyentes: financiar la atención médica para extranjeros que ni residen, trabajan, ni contribuyen con impuestos en Argentina. Su portavoz enfatizó el martes que la medida tenía como objetivo el “turismo médico”, un fenómeno que describió como individuos que ingresan al país, reciben tratamiento en un hospital público y luego regresan a su hogar. Ravier no proporcionó ninguna estimación sobre la magnitud del fenómeno en cuestión. El decreto de 2025 instituyó criterios más estrictos para la obtención de la residencia y la ciudadanía, aceleró el proceso de deportación para las personas condenadas por delitos y facultó a las universidades nacionales para imponer tarifas de matrícula a los estudiantes extranjeros no residentes.
En situaciones de emergencia, la provisión de tratamiento no debe ser obstaculizada, limitada o pospuesta debido a protocolos administrativos, independientemente del estatus migratorio del paciente. La determinación de si un caso califica como emergencia recae en el profesional de salud que brinda el tratamiento. Los opositores de Milei sostienen que la medida sirve como pretexto para que su administración libertaria agrave la falta de financiación del sistema de salud pública. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires – la región más poblada del país, gobernada por la oposición peronista – estimó que solo “el 0,4 por ciento de las visitas a la sala de emergencias y el 0,5 por ciento de las hospitalizaciones” involucran a extranjeros no residentes. “El sistema de salud está sobrecargado por la falta de recursos, no por los extranjeros,” dijo al portal de noticias Infobae el martes.
