El gobierno argentino inició un proceso para privatizar la empresa pública de agua AySA ofreciendo su participación total a inversores privados. La decisión se alinea con una estrategia más amplia para desinvertir en empresas y activos estatales, ya que el gobierno busca asegurar nuevos fondos a la luz de la disminución de los ingresos fiscales. La licitación se inició mediante una resolución del Ministerio de Economía, que se hizo pública en el Boletín Oficial el viernes. La participación estará abierta tanto a inversores nacionales como internacionales. La propiedad estatal constituye el 90% del capital total de AySA, lo que indica que el postor ganador obtendría un control casi completo sobre la empresa. El 10% restante se asigna a los empleados de AySA. La empresa de agua está a punto de ser la primera entidad de servicios públicos en ser privatizada bajo la administración del presidente Javier Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la transferencia de operaciones a una empresa con “capacidades técnicas, financieras y operativas” “ayudará a impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”. Caputo declaró en una publicación de X: “Seguimos avanzando en un modelo donde el gobierno deja de explotar las empresas públicas como vacas lecheras políticas y, en cambio, prioriza el establecimiento de regulaciones claras, la promoción de la competencia y la creación de condiciones favorables para la inversión y el crecimiento”. El martes, el gobierno se desprendió de su participación en la empresa de energía Citelec, que gestiona Transener, la mayor entidad de transmisión de electricidad de alta tensión en Argentina. Las acciones, que constituían el 50% del capital de Citelec, eran propiedad de la entidad eléctrica estatal ENARSA y fueron transferidas al consorcio Edison-Genneia por la suma de 356 millones de dólares estadounidenses. Pampa Energía conserva la propiedad de las acciones restantes.
Esto representa un avance significativo en el proceso de desmantelamiento y privatización de ENARSA. ENARSA tenía una participación significativa en Transener, la entidad responsable de gestionar y mantener el 85% de la red de alta tensión de Argentina, mientras supervisaba el 15% restante. El proceso de privatización está influyendo no solo en las empresas públicas, sino también en los activos soberanos. La semana pasada, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un procedimiento que facilita la venta de sus activos tangibles e intangibles. Los críticos advierten que esta decisión podría amenazar la soberanía de Argentina y comprometer más de setenta años de esfuerzos de la agencia.
El 4 de mayo, la CNEA sancionó un procedimiento preliminar para atender “consultas relacionadas con la posible presentación de iniciativas privadas”, según se informó. Esto permitiría a las empresas argentinas y extranjeras buscar acceso a los activos clave de la CNEA, que podrían adquirir en última instancia. Ese mismo día, una delegación del Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó una visita a varias instalaciones nucleares en Argentina, específicamente en las provincias de Buenos Aires y Río Negro. A finales de febrero, autoridades de Argentina y Estados Unidos se reunieron en Washington para avanzar en las discusiones sobre un nuevo acuerdo de cooperación centrado en el uso pacífico de la energía nuclear, similar al acuerdo existente establecido en 1997, que expira en 2027.
