El jueves, la administración del presidente Javier Milei implementó una prohibición de acceso a la Casa Rosada para todos los periodistas acreditados, marcando una acción sin precedentes en la historia democrática reciente de Argentina. Funcionarios del gobierno indicaron que la decisión se derivó de una queja sobre un supuesto “espionaje ilegal” vinculado a dos reporteros, aunque se negó el acceso a todos los periodistas. Aclaración: la decisión de eliminar el acceso por huella dactilar para periodistas acreditados en la Casa Rosada se tomó como medida preventiva tras la denuncia de espionaje ilegal presentada por la Casa Militar. El único objetivo es garantizar la seguridad nacional”, articuló Javier Lanari en una publicación en X, refiriéndose a la entidad encargada de asegurar la seguridad del Presidente y la casa de gobierno. La identificación por huellas dactilares sirve como procedimiento estándar que permite a los periodistas de la Casa Rosada acceder a las instalaciones. Lanari se abstuvo de proporcionar más detalles sobre la investigación en curso, y no ha habido ninguna declaración oficial emitida por el gobierno. El presidente Milei compartió el tuit de Lanari, añadiendo únicamente el acrónimo “NOL$ALP” (que en inglés se traduce como “no odiamos lo suficiente a los periodistas”). La medida afecta a casi 50 profesionales acreditados. Al encontrar una obstrucción en el punto de entrada, los periodistas se dirigieron a un conocido café en el centro de Buenos Aires, situado a poca distancia de la Plaza de Mayo, para reanudar su trabajo. Todos ellos fueron excluidos de la sala de prensa. Lautaro Maislin declaró: “Me dicen que es temporal”.
Los periodistas de la Casa Rosada emitieron un comunicado instando a una “resolución rápida” de la situación, caracterizando la medida como “discrecional” e implementada “sin previo aviso”. Y “La decisión indica un pronunciado ataque a la libertad de prensa, a la práctica del periodismo y al derecho del público a la información”, afirmaron. Observaron que la medida carece de precedentes, ni siquiera durante la dura dictadura cívico-militar de Argentina de 1976 a 1983. La decisión se tomó apenas unas horas antes de la visita programada del multimillonario empresario alemán-estadounidense Peter Thiel a la Casa Rosada, por parte del presidente Milei. Un donante de causas de derecha en todo el mundo, Thiel es un destacado ejecutivo de Silicon Valley que ha respaldado públicamente a Milei. Thiel cofundó PayPal, una plataforma pionera de pagos digitales, en colaboración con personas notables, incluido Elon Musk. Posteriormente, emergió como el primer inversor externo significativo de Facebook, consolidando así tanto su riqueza como su influencia dentro del sector tecnológico.
Thiel ha sido caracterizado de múltiples maneras, incluyendo como un libertario conservador y un autoritario escéptico de la democracia. Una vez declaró famosamente: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. La prohibición de prensa informada parece estar asociada con dos asuntos distintos. Inicialmente, hay revelaciones sobre una supuesta red de espionaje rusa que el gobierno cree que facilitó una campaña mediática dirigida al presidente Milei en 2024. La semana pasada, la Casa Rosada prohibió el acceso a periodistas de organizaciones de medios supuestamente asociadas con el esquema ruso. En segundo lugar, se ha presentado una denuncia penal contra dos periodistas por filmar sin autorización en áreas restringidas del palacio presidencial.
El miércoles se informó que Sebastián Ibáñez, jefe de la unidad de seguridad de la Casa Militar, había presentado una denuncia contra los dos periodistas por espionaje. “Me encantaría ver a esas sucias piezas de basura que portan credenciales de periodista (95 por ciento) salir y defender lo que hicieron estos dos criminales”, escribió Milei en X, incluyendo una fotografía de los periodistas acusados. “Espero que esto llegue a los más responsables”, comentó. La relación de Milei con los medios ha sido tensa desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. El jefe de Estado emite constantemente ataques tanto escritos como verbales contra los periodistas, a quienes a menudo se refiere despectivamente como “basura”. En su reciente informe global, Amnistía Internacional advirtió sobre “procedimientos penales y maniobras de acoso judicial” dirigidas a periodistas en Argentina.
